Esos incómodos derechos

SURda

 

 

 Constanza Moreira 

 

 

Brecha 10 – 5 – 12

El martes pasado la Asamblea General votó la integración del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos (indh), cuyos cometidos serán la defensa, la promoción y la protección de los derechos humanos en Uruguay. Esta nueva institución será autónoma: no estará sujeta a jerarquías ni recibirá órdenes de ninguna autoridad, y deberá velar para que ninguna norma o práctica, por muy consuetudinaria que sea, colida con la plena vigencia de los derechos que habrá de salvaguardar.

Hago esta precisión a propósito de la vigencia en nuestro país de leyes que, como la ley de caducidad, contravinieron –mientras estuvieron vigentes– la obligación que todo Estado tiene de garantizar el efectivo respeto de los derechos humanos. De igual manera, a lo largo y ancho del mundo, tanto en tiempos más remotos como cercanos, siempre ha habido prácticas y leyes contradictorias con los derechos más elementales.

Cuando hace más de tres siglos surgió la teoría de los derechos "naturales" –algo así como los "padres jurídicos" de los derechos humanos–, sus postulados también venían a contradecir prácticas consuetudinarias y normas "soberanas" que estaban en flagrante divorcio con los derechos a la vida y a la libertad de las personas. Una de estas prácticas, el esclavismo, continuó desarrollándose hasta mucho tiempo después de que la teoría del derecho natural la hubiera condenado. Qué no decir de las prácticas y normas que consagraban la desigualdad entre hombres y mujeres, o entre las razas. Existió un "ideal" de derechos mucho antes que la efectiva protección "práctica" de los mismos. Así, los derechos fueron postulados, aprobados, sancionados y transformados en leyes y constituciones antes de que su vigencia estuviera asegurada.

Los derechos humanos, al igual que los naturales, son universales, porque valen para toda la humanidad y no reconocen distinción alguna de raza, sexo o condición social, y son de naturaleza "suprajurídica" respecto de la ley de los pueblos.

La institución que acaba de consolidarse en el Parlamento no nace, sin embargo, únicamente para promover la vigencia de las libertades, la vida y la integridad física de las personas frente a un Estado que supo ser un gran violador de derechos, sino que se amplía al campo de todos los derechos: los civiles –cuya vigencia debe asegurarse cada día–, los sociales –esos que surgen con los estados de bienestar, cuando se entiende que la salud, el trabajo, la vivienda no son mercancías, sino condiciones que aseguran el disfrute de las libertades y seguridades elementales–, y finalmente, los llamados derechos de "cuarta generación" –que como los derechos de género, de las minorías, de los niños, han sido formulados doctrinaria y jurídicamente de forma más tardía.

Es cierto que el Poder Legislativo y el Judicial, así como el gobierno republicano, son instituciones encargadas de velar por la plena vigencia de los derechos. Pero también es cierto que queremos una institución más "sociodependiente", ya que los derechos humanos se mueven en un campo donde los cambios son tan rápidos y profundos que el propio Estado se puede volver una institución retardataria.

La concepción de los derechos humanos es capaz de desafiar no sólo las relaciones de dominación que surgen del orden social y económico, como las relaciones de dominación de los patrones sobre los trabajadores, sino también aquellas que hacen a la esfera "privada", como las relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, de los patrones sobre los trabajadores, de los padres sobre los hijos, en definitiva, de los más poderosos sobre los más débiles. Esto vuelve al campo de los derechos humanos un campo de "vanguardia" jurídica, política y normativa, y evidencia todas las contradicciones sociales y todas las formas de subyugación y dominio del hombre por el hombre.

A los derechos no los defienden sólo el Estado y sus instituciones, entonces, sino también la sociedad civil. Esa es la razón por la cual llamamos a las organizaciones de la sociedad civil a presentar, para la integración de la indh, nombres de personas con destacada trayectoria en la lucha por los derechos humanos. Y allí acudieron el movimiento sindical, las más variadas organizaciones de mujeres, organizaciones que luchan contra la discriminación y el racismo, asociaciones de consumidores, asociaciones que nuclean ONG, institutos legales nacionales e internacionales, y muchos otros. La propia ley que crea la indh también es fruto del trabajo conjunto entre parlamentarios y organizaciones.

A su vez, la legitimidad con la que nace el primer Consejo Directivo de la institución descansa en una amplia mayoría parlamentaria. Es cierto que el Partido Colorado se negó a votar su integración, pero también lo es que otro partido, el Partido Nacional, sí dio sus votos para cuatro de los cinco integrantes. No es poca cosa en un Uruguay que ha registrado muchas votaciones divididas en temas de derechos humanos, especialmente en los referidos al terrorismo de Estado.

En octubre de 2011 votamos una ley que declaraba "restablecida la pretensión punitiva del Estado". Y hace tres días votamos la integración de una institución de vigilancia de los derechos humanos, que corona los nombres de Mirtha Guianze, Ariela Peralta, Mariana González, Juan Faroppa y Juan Raúl Ferreira. Cinco de los mejores exponentes del país en este campo. Falta mucho, es verdad. Pero como dice el dicho, también "mirar camino andado es un contento". Enhorabuena.